Elecciones y justicia. Iustitia Europa pide al Supremo suspender las elecciones del 29-N por la ley de nietos
Iustitia Europa solicita paralizar las elecciones generales del 29 de noviembre por las dificultades para revisar el voto de 163.020 descendientes de exiliados españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos.
El partido Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre ante las dificultades para ejecutar una resolución judicial relacionada con la ley de nietos. La formación presentó un escrito de urgencia el 9 de octubre, después de que la Abogacía del Estado advirtiera de que el adelanto electoral hace prácticamente imposible revisar a tiempo los expedientes de determinados ciudadanos nacionalizados que podrían verse afectados por la decisión judicial.
La controversia se centra en 163.020 electores descendientes de exiliados españoles que adquirieron la nacionalidad y el derecho al voto al amparo de una instrucción que presume la condición de exiliado para españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El Tribunal Supremo ha puesto el foco en esta disposición dentro del procedimiento judicial en curso.
Iustitia Europa considera que la celebración de los comicios sin resolver esta situación podría dificultar la aplicación efectiva de la resolución judicial. Por ese motivo, reclama una suspensión temporal de la votación para preservar las garantías del procedimiento y la legitimidad del proceso electoral.
Una alternativa para controlar los votos afectados
La formación plantea una segunda opción por si el Supremo considera que suspender las elecciones sería una medida desproporcionada. En ese supuesto, propone identificar informáticamente a los electores afectados dentro del censo que se cerró el 1 de agosto de 2026 y que se utilizará en las elecciones del 29-N.
Según el partido, este sistema permitiría mantener el derecho al voto de todos los ciudadanos mientras se registra de forma diferenciada la participación del colectivo cuestionado. De este modo, si una futura sentencia estimase las pretensiones del procedimiento principal, sería posible examinar esos sufragios durante el escrutinio general y determinar sus efectos.
La propuesta pretende evitar una exclusión preventiva de votantes y, al mismo tiempo, facilitar la aplicación de una eventual resolución judicial. No obstante, se trata de una petición de Iustitia Europa y no de una medida que el Tribunal Supremo haya acordado.
La Abogacía del Estado advierte de la falta de tiempo
La petición del partido llega después de que la Abogacía del Estado solicitara al Supremo que levantase las medidas cautelares que podrían afectar al derecho de voto de más de 160.000 descendientes de represaliados. Sus servicios jurídicos sostienen que el calendario electoral impide distinguir de manera fiable, en el plazo disponible, a los ciudadanos afectados dentro del censo de españoles residentes en el extranjero, conocido como CERA.
En sus alegaciones, la Abogacía plantea que no sería viable suspender únicamente las inscripciones correspondientes a este colectivo si los datos disponibles no permiten identificarlo con suficiente precisión. Por ello, advierte de que la alternativa podría terminar afectando al conjunto de españoles incluidos en ese censo o no excluir a ninguno.
El problema del plazo ya se había señalado antes del adelanto electoral. Según la Abogacía del Estado, los 16 consulados que concentran el 85 % de las inscripciones no podían revisar todos los expedientes antes del 1 de enero de 2027, fecha prevista inicialmente para el cierre del censo del siguiente ciclo electoral. La convocatoria del 29-N reduce ahora el margen de actuación a unos pocos días.
El calendario añade presión al procedimiento: el censo electoral utilizado en los comicios quedó cerrado el 1 de agosto y está previsto que se exponga para consulta el lunes 12 de octubre. La Abogacía defiende que debe prevalecer el ejercicio del derecho fundamental a la participación política frente a una exclusión que no pueda aplicarse de manera individualizada.
Por ahora, tanto la suspensión electoral como la identificación informática son propuestas sometidas a la consideración del Tribunal Supremo. La decisión judicial determinará cómo se aborda el conflicto entre el cumplimiento de las medidas cautelares, la revisión de las nacionalizaciones cuestionadas y el derecho de los electores a participar en las elecciones generales.
